A menos de un año de culminar su mandato, el gobierno de Dina Boluarte inició un proceso de selección para contratar una agencia de viajes encargada de proveer boletos aéreos nacionales e internacionales para el personal del Despacho Presidencial. La convocatoria fue publicada el viernes 18 de julio de 2025, según Canal N.
El contrato tendrá una vigencia de 730 días, por lo que cubrirá no solo el último tramo del actual gobierno, sino también parte del siguiente periodo presidencial. Esta duración ha generado observaciones, debido a que compromete recursos públicos más allá del mandato constitucional vigente.
En los documentos de la convocatoria se detalla que el objetivo es facilitar el cumplimiento de funciones y compromisos institucionales por parte de los funcionarios y servidores de Palacio de Gobierno, tanto dentro como fuera del país.
Entre los requerimientos del proceso, se contempla la compra de 57 boletos internacionales con destino a ocho países ubicados en tres continentes: Brasil y Estados Unidos en América; Francia, Italia, Suiza y Holanda en Europa; y Japón y China en Asia. La lista no es cerrada, ya que el documento indica que podrín solicitarse pasajes a otros destinos no especificados, en función de las necesidades del Despacho Presidencial.
No se ha precisado qué funcionarios usarán estos pasajes ni con qué propósito, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la transparensia del proceso y los criterios de asignación.
El contrato también incluye la provisión de 2,718 boletos aéreos para viajes dentro del territorio peruano. Las rutas cubrirán 12 regiones del país, y el destino con mayor cantidad de vuelos programados es Cusco, con 533 pasajes solicitados.
Este dato ha sido objeto de atención, ya que Cusco colinda con Apurímac, región natal de la presidenta Dina Boluarte, lo cual ha llevado a observadores a plantear interrogantes sobre una posible priorización de zonas con vínculos personales o políticos.
Aunque el proceso aún no ha concluido, se prevé que la adjudicación del contrato se realice a finales de agosto de 2025. En los documentos publicados no se consigna un monto estimado para esta contratación. Sin embargo, el contrato previo firmado por el mismo Despacho Presidencial en junio de 2024 ascendió a más de 1 millón 700 mil soles.
La falta de información sobre el costo proyectado ha sido señalada como un punto crítico en la evaluación del proceso, particularmente en un contexto de alta sensibilidad por el uso de fondos públicos.
