El Congreso de la República avanza en el proceso que podría dejar fuera de la función pública por una década al expresidente Pedro Castillo. Este miércoles, la Comisión Permanente del Parlamento otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore los informes finales de dos denuncias en su contra, por presuntas infracciones a la Constitución.
La primera denuncia involucra el decreto supremo 009-2022-MINEDU, emitido durante el mandato de Pedro Castillo. Esta norma modificó el estatuto de la Derrama Magisterial para permitir que todos los docentes elijan a los directivos mediante votación. La gestión de Dina Boluarte anuló dicho decreto por consideralo inconstitucional. Según el expediente, la intención de Castillo habría sido restarle poder al Sutep, sindicato que no respaldó su gobierno.
La segunda denuncia señala un presunto uso indebido de bienes públicos, específicamente del avión presidencial. Se identificó en los manifiestos de vuelo la presencia de familiares del exmandatario, incluido un pasajero identificado como “Lay Vásquez Castillo”, quien sería su sobrino Fray Vásquez, entonces prófugo de la justícia.
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