A pocos días de que venza el plazo de la comparecencia de restricciones contra Susana Villarán, el abogado penalista, Vladimir Padilla, aclaró que la exalcaldesa enfrentara un juicio sin restricciones, es decir podría fugarse del país, debido a que no tiene impedimento de salida, esto en complicidad con la fiscalía o con el fiscal José Domingo Pérez.
Es así que apuntó contra la Fiscalía por postergar el proceso, a pesar de que es el caso más concreto que se tiene, ya que, por boca de la misma Villarán, se conoció sobre las irregularidades en el proyecto vial Línea Amarilla.
“El juicio lo enfrentaría sin ningun tipo de medidas. Esto lo sabía la Fiscalía y si ha demorado tanto sabe que va a afrontar un juicio sin ningun tipo de medidas”, puntualizó.
Padilla fue tajante en señalar que ni siquiera se puede establecer impedimento de salida del país como medida preventiva porque eso “sería inconstitucional”.
“Ya sería inconstitucional porque se supone que tú debes tener un plaso razonable de un investigado, sea Martín Vizcarra, sea quien fuera tiene derecho“, sustentó.
Por ende, lamentó que se haya llegado a este momento, manifestando que el Ministerio Público tendrá que explicar en algún momento por qué lo hizo.
“La Fiscalía tiene elementos de prueba, la pregunta es ¿por qué estrategicamente no empezó por ese caso?”, cuestionó.
A esto se suma que Villarán enfrenta un juicio a paso lento y plagado de postergaciones, a pesar de que viene siendo procesada por colusión agravada, negociación incompatible y cohecho.
La Fiscalía sostiene que favoreció a OAS y Lamsac, aprobando compensaciones por el valor de 142 millones de dólares, las cuales se financiaron con el aumento de peajes.
Susana Villarán, exalcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, enfrentará un juicio oral en el que podría recibir una condena de hasta 29 años de prisión. La Corte Superior Nacional informó que Villarán, junto con otras 30 personas, está acusada de recibir financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas políticas de 2013 y 2014. La Fiscalía ha formulado cargos por organización criminal, lavado de activos y otros delitos, en relación a estos presuntos actos de corrupción.
La acusación fiscal sostiene que la exalcaldesa habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS, destinados a financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y la campaña de reelección en 2014. Según el Ministerio Público, estos fondos habrían sido utilizados para asegurar su permanencia en el cargo de alcaldesa de Lima, lo cual, de acuerdo con la Fiscalía, constituiría un esquema de corrupción.
Acusación
La Fiscalía sostiene que Villarán favoreció a OAS y Lamsac, aprobando compensaciones por el valor de 142 millones de dólares, las cuales se financiaron con el aumento de peajes.