Encuesta de Ipsos para País Seguro, publicada en Perú21, revela que la mayoria de peruanos percibe influencia de la minería ilegal en la política. Según datos recopilados hasta diciembre de 2024, el 81% cree que esta actividad ilícita afecta de manera significativa a congresistas y gobernadores regionales.
El 83% de los encuestados considera la minería ilegal como un delito, mientras que el 82% afirma que ha corrompido a autoridades políticas. Además, el 80% la ve como un grave problema para el país. Estas cifras coinciden con críticas a mecanismos como el Reinfo, que, según expertos, protege a la minería informal disfrazada.
De cara a las elecciones de 2026, la preocupación aumenta: el 71% piensa que las campañas están financiadas con dinero de la minería ilegal. Un 63% teme, además, que el país pueda ser controlado políticamente por estas mafias.
Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos, resaltó que estos resultados reflejan un consenso nacional importante, aunque admitió que en zonas donde la minería ilegal es más fuerte, la percepción puede variar. Para Ponce, reconocer la dimensión del problema es el primer paso para enfrentar la delincuencia asociada a esta actividad.
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Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destacó que la encuesta confirma la conciencia ciudadana sobre el impacto negativo de la minería ilegal en la seguridad y la estabilidad democrática. También señaló que esta actividad está ligada a otros crímenes organizados, como extorsión, sicariato y lavado de activos.
Zevallos advirtió que, en muchas regiones donde predomina la minería ilegal, es común que líderes políticos estén vinculados a estas redes. Sin embargo, esta conciencia ciudadana abre la puerta a propuestas políticas que alejen al país de estas influencias.
Ponce agregó que, aunque la población no suele investigar los financiamientos políticos, la cobertura mediática y las investigaciones periodísticas pueden fortalecer la postura pública contra estas relaciones ilícitas. No obstante, algunos políticos podrían ignorar estas advertencias y seguir con financiamiento ilegal.