La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permite la imputabilidad penal a adolescentes de 16 y 17 años. La Ley N° 32330 modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
La presidenta de esta institución, Julia Torreblanca, advirtió que el registro es utilizado por mineros informales para explotar áreas sin autorización.
Asimismo, la institución solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la norma, al considerar que vulnera de forma irreparable los derechos fundamentales de los menores de edad.
El organismo autónomo considera que la ley vulnera los principios esenciales del derecho nacional e internacional. Ante ello, señala que su aplicación debe detenerse hasta que el TC resuelva el recurso constitucional.
La Defensoría del Pueblo argumenta que la ley promulgada contraviene tratados internacionales suscritos por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, también señala la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, la cual establece que existe primacía de los tratados de derechos humanos por encima de cualquier ley nacional contraria.
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