Exvicepresidente de Ecuador en la mira
La Fiscalía de Ecuador pidió que se declare culpable al exvicepresidente Jorge Glas por supuesta malversación de fondos públicos (peculado) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí, y que se le imponga una pena de 13 años de prisón.
Asimismo, durante su alegato final, solicitó tanto para Glas como para el exfuncionario Carlos Bernal una multa de 70 salarios básicos unificados, totalizando 32.900 dólares, y «una reparación material equivalente a 225.395.910,12 dólares», que es el perjuicio que la Fiscalía calcula que se cometió contra el Estado.
Este domingo, Glas se defendió de las acusaciones aseverando que él no manejó personalmente el dinero del proceso: «Yo no administré ni un solo dólar y este juicio se trata de peculado, no pude yo haber distraído fondos porque nunca tuve dinero bajo mi administración», dijo en la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
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«Yo no me he robado un centavo porque yo no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos. Señores magistrados, me estoy jugando la vida, la Fiscalía pretende enviarme 13 años a la carcel por hacer mi trabajo», subrayó Glas.
Durante el alegato de apertura en el llamado caso ‘Reconstrucción’, el pasado martes la Fiscalía aseguró que «no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto» y que, en su lugar, «se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría», como el Parque Las Vegas y el tramo de acceso al puerto de Manta, el redondel del Imperio–Colisa, según informó en un comunicado.
Los investigadores concluyeron, después de indagar sobre nueve proyectos más, que la financiación de estas obras provenía de fondos de la Ley de Solidaridad, creada para paliar los daños del sismo.
Esa norma se creó con el propósito de «recaudar contribuciones sobre la remuneración de todos los trabajadores ecuatorianos» y así reconstruir las infraestructuras públicas y privadas afectadas por el terremoto, al igual que reimpulsar la actividad productiva y economica de las zonas más afectadas.