A primera hora de la mañana del pasado jueves 29 de mayo, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, llego hasta la Superintendencia de Pensiones para reunirse en el marco de la ley de lobby, con el regulador, Osvaldo Macías.
¿La razón? Conversar acerca del polémico proyecto de norma de carácter general que introduce modificaciones en materia de publicidad a las AFP y que el regulador puso en consulta el pasado 16 de mayo -en el marco de la implementacion de la reforma de pensiones- y que encendió las alertas en la industria previsional.
En detalle, la propuesta de normativa que lanzó la Superintendencia determina que será objeto de fiscalización “toda publicidad, promoción o auspicio, que las administradoras efectúen, directa o indirectamente, de forma pública o masiva, a través de personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento directo o indirecto de una o más administradoras”.
Para algunos en la industria y también según han opinado expertos, el regulador fue más allá de sus atribuciones con lo que plantea, mientras que otros incluso estiman que una normativa de este tipo sería inconstitucional. En el caso de la situación del gremio, advierten que tendría implicancias en términos de libertad de expresión y cohartaría el ejercicio de la asociación.
Por ejemplo
cuando salió la norma a consulta, el abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, señaló a DF que “un Estado de Derecho exige que las autoridades actúen dentro de su competencia y respetando el principio de reserva legal, esto es, que la Superintendencia no puede legislar a través de sus normas y menos vulnerar garantías constitucionales como la autonomía de la voluntad de los cuerpos intermedios, como las asociaciones gremiales, a través de los cuales se expresa una democracia”.
La motivación de la cita de Yazigi con Macías habría sido justamente expresar su discrepancia con el proyecto que busca llevar adelante el regulador. Según consta en el registro de Lobby de la Superintendencia, al encuentro, la economista fue acompañada de los abogados del gremio, Ignacio Traub y Camila Simunovic, esta última recientemente asumiendo como nueva gerenta legal y de asuntos regulatorios de la Asociación que reúne a seis de las siete administradoras.
En tanto, algunas fuentes de la industria aseguraron que el timing llamó la atención, pues la ley determina un plazo más largo para poner en curso los cambios en materia de publicidad, todo mientras que estiman que hay otras materias urgentes en cuanto a la puesta en marcha de la reforma.
Trabajo conjunto
En la industria, distintas fuentes señalaron que ha existido un trabajo positivo entre el regulador y las AFP en los primeros meses de cara a la implementación de la reforma.
De hecho, el propio Macías ha comentado que el proceso de puesta en marcha requiere de la colaboración y trabajo conjunto de los distintos actores con la finalidad de poner a disposición toda la experiencia acumulada para hacer una correcta implementación.
No obstante, en el sector privado reconocen que situaciones como esta generan roces y que hacen ruido en medio del inicio del proceso, que se extenderá por 36 meses hasta que comience a entrar en vigencia toda la normativa.
Otro tema que en la industria genera molestia es la diferencia que existe a juicio de las AFP entre lo que deben realizar estas y lo que se le exige al Instituto de Previsión Social (IPS).