Hace cerca de cuarenta años, mientras en nuestra capital se reunía una importante convención política internacional, los inculpados detenidos en el penal del Frontón, una isla frente al Callao, se amotinaron, tomaron el control del establecimiento penal y atentaron contra la integridad del personal penitenciario.
Como era de esperarse y con las correspondientes órdenes superiores, personal militar, especialmente de nuestra Marina de Guerra, intervino cumpliendo con su deber y develó el alzamiento de los internados en el mencionado penal, con luctuoso saldo de personas que perdieron la vida o que fueron heridos.
Pese a las disposiciones del Código Penal vigente en ése entonces y, a las que contiene el actual Código de la materia, respecto a la exceptuación de la responsabilidad penal, los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que intervinieron en la recuperación del Frontón fueron procesados, pero lo que es indignante que pese a cumplirse el próximo año, cuatro décadas del suceso, aún no concluye el procesamiento de nuestros valerosos marinos.
No podemos llamar “Justicia” a lo que están sometidos esos valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que se supone que tenían y deben tener la protección de un debido proceso y que se realice en plazos razonables, como lo establecían tanto la Constitución vigente en ése entonces, que era la de 1979, como la actual de 1993.
En buena cuenta, según información proporcionada por el doctor Sergio Tapia que defendía a los marinos, ellos han pasado por dieciséis procesos, los dos primeros ante el Fuero Militar-Policial, en que salieron absolutos, luego dos más en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que se sumó otros dos ante la Corte Interamericana del mismo nombre. A ello hay que adicionar otros procesos ante la citada Corte Interamericana, que pese a que sólo dispuso pago indemnizatorio, se abrieron nuevos procesos, con varias otras denuncias ante el Ministerio Público planteándose el delito inexistente en aquellos tiempos de “desaparición forzosa”. Hubo también dos habeas corpus, uno con sentencia favorable a los marinos en la Corte Suprema y, otra igualmente amparando a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas emitida por el Tribunal Constitucional.
Han sufrido juicio oral desde el 2017 hasta el 2024 y habiéndose caído el proceso por cambios en la composición del Tribunal Judicial, tendrán nuestros marinos que apersonarse y seguir con el calvario judicial.
Pero el tema es más grave aún ya que han pasado más de 30 años de la imputación de delito, por lo que, no habiéndose terminado el procesamiento respectivo, debería haberse declarado la prescripción, con la consecuencia de la extinción de la acción penal. Increíble, pero nada de ello ha sucedido y nuestros marinos siguen procesados.
El Perú es signatario de diversos tratados que protegen los Derechos Humanos. Por ejemplo, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” establece en el inciso c del numeral 3 del artículo 14 que toda persona tiene derecho “A ser juzgada sin dilaciones indebidas”. Agrega el numeral 3 del artículo 9 del mismo Pacto que toda persona tiene derecho “a ser juzgada dentro de un plazo razonable”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene norma similar de “plazo razonable” en el numeral 1 del artículo 8.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 8 preceptúa que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
Bueno pues, daría la impresión que todos dichos derechos y garantías, solo aplican a quienes tienen un sesgo político de izquierda, pero no para los miembros de las Fuerzas Armadas o para los de la Policía Nacional, lo cual es incorrecto y tiene que variar.
Como vemos nuestro sistema garantista de Derechos Humanos, no garantiza ni el debido proceso ni el plazo razonable para quienes recuperaron el penal del Frontón y peor aún nuestro Sistema de Justicia, integrado por el Poder Judicial y el Ministerio Público dejan mucho que desear. Después que no se quejen cuando se exige cambios radicales para ellos.
