El acuerdo entre BlackRock y CK Hutchison Holdings para la compra de 42 terminales portuarios, incluidos los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, ha dejado de ser una operación comercial para convertirse en pieza clave de la disputa geoestratégica entre Estados Unidos y China. Valorizado en 23 mil millones de dólares, el acuerdo amenaza con reducir a la mitad la red portuaria global bajo influencia china, debilitando su estrategia de proyección marítima y capacidad de uso dual, comercial y militar.
Desde 1997, Hutchison Ports opera ambos extremos del canal. En aquel entonces, Hong Kong gozaba de relativa autonomía; pero hoy, tras la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020, la línea entre lo civil y lo militar en Hong Kong se ha desdibujado. Esta norma permite al Partido Comunista Chino intervenir en empresas privadas si considera amenazados los «intereses nacionales», lo que convierte a CK Hutchison en un actor geopolíticamente sensible para Washington.
En el centro de la controversia está Li Ka-shing, fundador de CK Hutchison, una de las figuras empresariales más prominentes de Asia. Antaño símbolo del ascenso económico de Hong Kong, Li se ha distanciado del Partido Comunista, desinvirtiendo en China desde hace más de una década. Protege su fortuna mediante estructuras legales internacionales. La venta de los puertos a BlackRock, estructurada desde las Islas Caimán, no puede ser bloqueada directamente por China, aunque Pekín podría presionar a gobiernos aliados como Pakistán o Myanmar que deben aprobar localmente la transferencia.
Para Pekín, la venta a BlackRock –aunque excluye los puertos en China y Hong Kong–incluye activos críticos en América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente, representando una cesión estratégica y una derrota. Xi Jinping ha calificado el movimiento de Li Ka-shing como «traición» por no consultar con el Partido Comunista, por lo que promueven un bloqueo informal mediante presiones diplomáticas y campañas mediáticas.
Estados Unidos teme que los puertos puedan utilizarse con fines militares. En 2023, buques de guerra chinos visitaron 27 terminales extranjeras administradas por firmas como Hutchison. Esta preocupación se inserta en la doctrina de «fusión cívico-militar» (MCF) impulsada por Xi Jinping, que obliga a las empresas a colaborar con el Ejército Popular de Liberación. China no solo comercia: construye influencia. Actualmente posee u opera terminales en 93 puertos de 50 países, una red que complementa su base militar en Yibuti.
Panamá, por su parte, ha girado hacia Washington: canceló el acuerdo de la Ruta de la Seda firmado en 2017, inició acciones legales contra Hutchison por presuntos incumplimientos contractuales y abrió la puerta a la revocación de la concesión. Además, firmó un nuevo acuerdo bilateral con Estados Unidos que permite el despliegue de tropas en zonas cercanas al canal para entrenamiento y operaciones humanitarias.
Este realineamiento panameño no es casual. Para Donald Trump, la adquisición de los puertos por BlackRock representa una victoria estratégica: debilita la red portuaria china y refuerza el control estadounidense sobre una vía comercial central para el tránsito interoceánico.
La competencia entre potencias ha cambiado de forma. Ya no se libra en trincheras, sino en terminales, ductos y cables submarinos. China busca proyectar poder mediante infraestructura, pero de concretarse el acuerdo, marcará un antes y un después: el reconocimiento de que los puertos no son solo puntos de carga, sino herramientas de poder capaces de decidir el rumbo de una guerra o de conflictos en la llamada zona gris.
