Si los trenes en camino desde California —gestión de la Municipalidad de Lima— logran iniciar una marcha blanca constante y eficiente desde fines de julio o agosto, sin contratiempos ni “atentados” (y atención con esta posibilidad: en el Perú ya han eliminado a testigos clave, como en el caso Villarán), entonces el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, será el favorito para ganar las decisivas elecciones presidenciales del 2026. Esta no es una suposición: es un hecho político.
En cambio, si las fuerzas caviares y progresistas logran arrinconar estos trenes de la discordia en un almacén sucio, condenándolos a oxidarse por los próximos cinco años bajo una avalancha de papeleo burocrático, habrán conseguido su objetivo: eliminar o debilitar su candidatura, y de paso, hacerle un daño profundo a los más necesitados del país. Ya lo hicieron antes, vendiendo los peajes, y ahí están, libres, supuestamente “preocupados por la gente”, mientras pontifican desde su falsa superioridad moral. Así de perversos pueden ser los miembros de la organización criminal caviar del Perú.
Una de las pocas cosas buenas que ha traído el debate sobre los trenes donados es que ha revelado cómo la vieja izquierda peruana y la izquierda progre limeña —incluidos actores mediáticos que lavan banderas cuando les conviene— unen esfuerzos para desprestigiar este logro. Esta es, en el fondo, una buena noticia para la infraestructura del país. Intentan por todos los medios evitar que estos gigantes de acero entren en funcionamiento y transformen la vida de miles de peruanos.
Se estima que más de 806 mil ciudadanos, incluidos residentes de Lurigancho, Chosica, Chaclacayo, Ate Vitarte, El Agustino y el centro de Lima, invierten más de 4 horas diarias en transporte. Con los trenes, ese tiempo se podría reducir a 45 minutos. Eso es dar calidad de vida: poder llegar a casa a tiempo, compartir con la familia, destinar ese tiempo a actividades personales. Pero los sectores de izquierda no lo van a permitir: viven y se reproducen en la pobreza. El desasosiego de los pobres es su hábitat natural. Su éxito político radica en gerenciar la miseria del pueblo.
Solo hay que leer las declaraciones de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y actual presidente de Colombia, sobre el ascenso social:
“Cuando los pobres dejan de serlo, se vuelven de derecha”.
Para los movimientos de izquierda, el Estado es un botín, la vía más efectiva para salir de su propia pobreza. Basta ver el caso de Bolivia, otrora promocionado como “milagro económico”, hoy sumido en crisis institucional. Un ejemplo cercano: Evo Morales, acusado de diversas conductas inmorales, merodeando recientemente por Lima, mientras se oculta en el Chapare, zona controlada por el narcotráfico.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, se ha convertido —con su estilo euforico, frontal y sin filtros— en el enemigo público número uno de la vieja clase política peruana. En una supuesta conversación cuatro zurdos tomando café en Miraflores, llorando por la suspensión de las donaciones de USAID, comentan:
“¿Cómo se atreve a hacer algo así? Desnuda nuestra incapacidad frente a todos, deja en evidencia nuestra incompetencia. Esos trenes no deben ir. El Estado es nuestro”.
Así de miserable es el pensamiento progre-caviar en el Perú.
