Por: Carlos Linares Huaringa
La muerte de José Miguel Castro, exbrazo derecho de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima cuando OAS y Odebrecht le entregaron US$ 11 millones, pone en evidencia la deficiente o sospechosa labor del equipo Lava Jato en el Ministerio Público.
Su violento fallecimiento, luego de seis años de espera para que el Ministerio Público homologara su colaboración eficaz, deja al descubierto las serias falencias de nuestro sistema de justicia, en especial en los casos de corrupción de alto perfil.
¿Cómo es posible que alguien que decidió brindar información clave para esclarecer uno de los mayores escándalos de corrupción en el país haya sido dejado a la deriva?
Castro no era un simple imputado. Fue uno de los primeros en reconocer su participación en los actos ilícitos vinculados a Susana Villarán, y accedió a colaborar con la Fiscalía en un proceso que debería haber garantizado un marco legal claro y una protección mínima frente a represalias.
Nada de eso ocurrió. Durante seis años, su acuerdo de colaboración eficaz estuvo en el limbo. ¿La razón? El fiscal José Domingo Pérez —sí, ese mismo personajillo figuretti y disforzado que suele jactarse de luchar contra la corrupción, pero que por lo general actúa con doble estándar— postergó indefinidamente la resolución del proceso. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Las explicaciones han sido vagas y genéricas.
Y este no es un caso aislado. Fernando Silva, abogado de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, ha revelado que su patrocinado solicitó seis veces que se defina su colaboración eficaz, reconociendo millonarios «pagos ilícitos» en la gestión de Villarán para la adenda 1 de la Línea Amarilla y aportes para evitar su revocatoria.
“No sé qué hay de detrás, pero si yo fuera fiscal y tengo a mis testigos listos para cerrar una colaboración y poder usarlo como testigo, pues haría esto mucho más rápido. No encuentro una razón para que esto se esté demorando”, indicó a un medio local, al tiempo de culpar a Pérez de dilatar el proceso “a pesar de que (Pinheiro) ha cumplido con todos los acuerdos”. “Desde el año 2019 todo está en manos de la Fiscalía”, anotó.
La pregunta es inevitable: ¿qué mensaje se está enviando a los potenciales colaboradores eficaces? ¿Qué incentivo puede tener alguien para hablar si, tras hacerlo, acreditándolo con pruebas, no logra concretar la colaboración eficaz?
Este caso debería encender todas las alarmas. La colaboración eficaz no es un favor ni una concesión graciosa de la Fiscalía. Es una herramienta crucial para desmontar redes de corrupción, pero su efectividad depende de que se maneje con responsabilidad, rapidez y coherencia.
Por ello es importante analizar la labor de los fiscales, que, en lugar de actuar con firmeza y criterio, permiten que los procesos se enreden hasta volverse inutiles. Ojo que la ineficiencia también es una forma de injusticia y lo mínimo que pueden hacer ahora los fiscales es rendir cuentas.