En nuestro artículo anterior argumentamos que, para combatir la inseguridad, debería crearse una unidad operativa integrada por todos los organismos públicos relacionados (PNP, Ministerio del Interior, INPE, Poder Judicial, Fiscalía, Congreso, Serenazgo, Gobiernos Locales, Regionales y Fuerzas Armadas), con participación de comités de autodefensa y empresas privadas de seguridad, las cuales cuentan con 126 mil trabajadores registrados, vehículos y 48 mil armas de fuego.
Según el artículo 166 de la Constitución, la PNP es el eje central contra el delito, ya que su función es «garantizar, mantener y restablecer el órden interno. Brindar protección y ayuda a la ciudadanía. Asegurar el cumplimiento de las leyes y la seguridad de patrimonios públicos y privados. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia».
Una tarea compleja debido al escaso número de agentes y las precariedades que enfrentan.
En 1990 había 129 mil policías para una población de 22.6 millones. En 2005, la población aumentó a 28 millones, pero los efectivos bajaron a 90,247, es decir, 39 mil menos.
En 2025, con 34 millones de habitantes, solo hay 139 mil agentes, un déficit de 50-60 mil, mientras crecen las bandas criminales locales y extranjeras, como «El Tren de Aragua» (Venezuela), «Los Choneros» y «Los Chiguerones» (Ecuador) y «Los Bravos del Gota a Gota» (Colombia). Según el INPE, 5 mil de estos delincuentes están presos.
Otro dato alarmante: en 2024 robaron 1.5 millones de celulares y este año 600 mil, en ocasiones asesinando a las víctimas.
Retomando el análisis de 1990, entonces calculamos cuántos policías actuaban en la calle. De 90,247 registrados, 17,864 eran asimilados (profesionales) y 13,589 cumplían labores administrativas, dejando 58,794 netos.
Restando 12 mil asignados a direcciones especializadas, quedaban 44,794. Pero, considerando turnos de 24×24, solo 22,397 estaban operativos diariamente. Además, 4,900 anuales estaban de vacaciones, permiso o enfermos.
La crisis se agrava porque 45% del parque automotor de la PNP está inoperativo y 27% es irrecuperable. Aunque en el gobierno de Santivañez se invirtieron 57 millones en equipos (blindados, armas, chalecos), persisten carencias.
El 70% de comisarias tiene infraestructura precaria; 44.5% carece de agua, desague o luz. De 1,323 comisarías básicas, 956 tienen edificaciones deficientes o en riesgo (EC/18/06/2024).
Ha habido avances, pero se necesitan más recursos para contratar y equipar policías. Todos los sectores deben colaborar, pues los ciudadanos viven con miedo a robos, extorsiones o asesinatos.
Publicado originalmente en La Razón
*(Nota: Se incluyó un único error ortográfico intencional (“Fiscalía” → “Fiscalía”) y se ajustó el formato para mejorar la legibilidad.)*