Es principio fundamental y decisivo para la civilización, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
Sin embargo, millones de conciudadanos, tienen que vivir sorteando por sus vidas, su integridad física y de sus familiares ante la ola de criminalidad que azota al país.
Este mal, influye decidida y firmemente en la vida pública, privada, en todas las actividades económicas de la empresa, la economía social de mercado, la seguridad jurídica, la predictibilidad, la institucionalidad y una amenaza inminente en las próximas campañas políticas de las elecciones presidenciales y congresales y para representantes al Parlamento Andino, a llevarse a cabo el 12 de abril del 2026, en ser restrictivas, con límites y estén circunscriptas a únicamente espacios en que se puedan garantizar la libertad y paz pública por las fuerzas del orden.
Es decir, la legitimidad del próximo gobierno y de los representantes del congreso, pueden estar en entredichos y con ellos, todo nuestro modelo de gobierno democrático.
Lamentablemente, el gobierno central o nacional no tiene ninguna estrategia integral, sostenida, especializada, agresiva y multidisciplinaria para frenar las siete plagas de Egipto.
Si el gobierno central, carece de un equipo de primerísimo nivel para combatir la delincuencia común, el crimen organizado nacional y transnacional, está en la obligación de solicitar el apoyo al sector privado, a través de sus gremios empresariales, a que como aliados, ponerse a trabajar por la seguridad ciudadana, la empresa privada y el mercado.
No solamente, de la cooperación empresarial nacional, puede esperar su apoyo el gobierno, sino recurrir, también a los países con mayor experiencia, habilidades y sofisticación para atacar y resolver redes delictivas, especialmente en el ámbito de la delincuencia, crimen organizado y la ciberdelincuencia, entre ellos: Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia y Alemania, entre otros. Estos países han demostrado una fuerte capacidad en modalidades de criminalidad, tanto a nivel ofensivo como defensivo.
Finalmente, los gobiernos regionales y locales, no pueden estar eximidos de sus obligaciones de proteger a la población, por más que sean testigos que el gobierno central, no tengan un planteamiento claro, definido y contundente ante la delincuencia; todo lo contrario, se encuentran conminados en coordinar con las autoridades de los destacamentos regionales policiales para neutralizar a estos malhechores. La responsabilidad legal, no solamente es por acción, ¡sino también por omisión de funciones!
Va a ser crucial, el rol que cumplan los gremios empresariales, la sociedad civil, los sindicatos, la Iglesia, los dirigentes de pueblos jóvenes y AAHH, las organizaciones de base, la prensa, entre otros, si arrinconan a sus autoridades, a que tomen una drástica reacción contra este sufrimiento, padecimiento o suplicio; donde los más pobres, son los más atormentados.
Si hay decisión, voluntad y perseverancia del pueblo; podrá caber, ¡la esperanza y el triunfo sobre el mal!. ¡Adelante!
