El debate sobre la Ley MAPE nos ha puesto frente a una de esas contradicciones que tanto abundan en la normativa peruana. Por un lado, todos hablan de la urgencia de formalizar la pequeña minería. Por el otro, lo que realmente se está cocinando parece más bien un salvavidas para quienes han venido operando sin reglas claras durante años.
Lo más preocupante de todo este asunto es la propuesta de permitir que cualquiera pueda meterse a trabajar en concesiones ajenas, siempre que estén «inactivas». Suena bonito en el papel, pero pensemos un momento en lo que esto significa realmente. Si yo tengo una concesión minera, he pagado mis derechos, he cumplido con mis obligaciones, pero por alguna razón no estoy operando ahora mismo, ¿viene cualquier persona y me puede quitar mi derecho alegando que yo no la estoy usando? Esto no es formalización, es expropiación encubierta.
Y lo peor es que rompe por completo la seguridad jurídica que necesita cualquier país que aspire a recibir inversión seria. El tema del traslado de competencias desde las regiones hacia el Ministerio de Energía y Minas tampoco es la gran solución que nos quieren vender. Claro, centralizar puede ayudar a tener criterios más uniformes, pero no mejora de verdad el famoso REINFO, lo único que vamos a lograr es trasladar el problema de Lima a las regiones, o viceversa. El REINFO nació como algo temporal, para ayudar a formalizar, pero se ha convertido en una especie de carta blanca para operar sin cumplir las reglas del juego.
Las bancadas del Congreso de la República han presentado por lo menos cuatro propuestas adicionales, y cuando uno las lee con cuidado, se da cuenta de que todas apuntan en la misma dirección: crear reglas más blandas para algunos, mientras los que sí cumplen la ley siguen cargando con todas las obligaciones. Cualquiera que conozca algo de minería sabe que esto es un disparate.
Los proyectos mineros serios requieren décadas de planificación, desde la exploración hasta la puesta en marcha. Si le dices a un inversionista que solo tiene siete años garantizados, simplemente se va a ir a Chile o a cualquier otro país donde las reglas sean claras y estables. Y al final, los únicos que van a quedar operando aquí van a ser precisamente los informales que no necesitan hacer inversiones de largo plazo. El REINFO es el mejor ejemplo de cómo las excepciones se vuelven reglas cuando no hay voluntad política real para hacer las cosas bien.
El gobierno dice que el registro se acaba en 2025, pero al mismo tiempo se aprueban normas que recrean exactamente los mismos problemas bajo otros nombres. Es como cambiarle el nombre a la enfermedad esperando que se cure sola.
Los precios altos del oro han atraído a una cantidad de oportunistas que han descubierto que es más fácil aprovecharse de los vacíos legales que cumplir con las reglas. Mientras tanto, los que sí pagan sus impuestos, cumplen con las normas ambientales y respetan los derechos laborales, se sienten como los tontos útiles del sistema. La supuesta depuración del REINFO debería empezar por algo tan básico como verificar si las coordenadas que declaran estos señores corresponden realmente a donde están trabajando. Pero para eso se necesitan recursos y, sobre todo, ganas de hacer las cosas bien. La Ley MAPE tenía sentido cuando se planteó originalmente.
La pequeña minería y la minería artesanal tienen características propias que merecen un tratamiento diferenciado, pero diferenciado no significa sin reglas. Lo que ha pasado durante el proceso legislativo es que cada grupo de interés ha metido mano para conseguir su pedacito, y el resultado es un frankenstein jurídico que ya no se parece en nada a lo que se supone debía resolver.
Al final, estamos ante una ley que dice querer formalizar pero que en la práctica va a legalizar lo que durante años ha sido claramente ilegal. Y lo más triste es que se hace en nombre de los pequeños mineros, cuando los verdaderos pequeños mineros, los que realmente quieren formalizarse, van a seguir perdidos en medio de un sistema que premia a los vivos y castiga a los que juegan limpios.
Así no se construye un país serio. Perú necesita una regulación sin vacíos legales en pro de una minería sostenible formal. Gracias por leerme.
(*) Abogada Constitucionalista, doctorando en filosofía – profesora de Derecho Pesquero, Procesal Contencioso Administrativo en la USMP, Carrera de Derecho – profesora de Desertificación y Cambio Climático en la Universidad Científica del Sur, Carrera de Ingeniería Ambiental
