El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió una advertencia contundente sobre la situación fiscal actual. Señaló que la persistencia de déficits estructurales durante varios años ha llevado la deuda bruta a un nivel cercano al límite prudente del 45% del PIB, lo que limita el espacio para el gasto público actual y futuro. En este sentido, el CFA recomendó diseñar y consensuar una agenda específica no solo para cumplir con las metas fiscales de 2025 y 2026, sino también para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Todo esto sucede en medio de una campaña presidencial, donde las promesas de gasto público suelen ser abundantes. Ejemplos de ajustes fiscales radicales, como los actuales en Argentina o en Estados Unidos en el pasado, sugieren que estos son precedidos por crisis importantes, como la inflación en el primer caso o recurrentes casi-defaults en el segundo.
” Necesitamos una regla fiscal remodelada que, siguiendo los mismos principios que la actual, sea distinta. El CFA encargó un estudio que es valioso, pero no innova lo suficiente. Una alternativa es la siguiente: la regla debe referirse a la carga de intereses que queremos pagar dentro del Presupuesto “.
Chile no ha experimentado crisis fiscales de esa magnitud. De manera realista, no es plausible esperar que los candidatos propongan ajustes significativos como los que propone el CFA. El mejor escenario es implementar reformas que permitan un ajuste gradual pero creíble de la situación fiscal. ¿Pero cuáles son esas reformas?
Una condición necesaria para un ajuste fiscal gradual es contar con una estrategia de crecimiento. Ejemplos como Dinamarca e Irlanda, que en los años 90 tenían deudas fiscales equivalentes al 75% del PIB, demuestran que el crecimiento económico facilita la posibilidad de realizar ajustes aumentando el gasto a un ritmo menor que el crecimiento de los ingresos fiscales. Para una democracia, resulta complicado realizar recortes de gasto en términos absolutos, a menos que previamente haya existido una crisis que genere un amplio respaldo político a dichos recortes presupuestarios.
Por lo tanto, el primer paso para resolver el problema fiscal es impulsar el crecimiento económico.
Un segundo problema es la regla fiscal actual. Durante años hemos tenido déficits estructurales, y la demanda por gasto público es muy elevada, sin que ningún gobierno haya logrado controlarla. En parte, esto se debe a que la regla ya no cumple su función. En la década de 2000, los parlamentarios se aferraban a las estimaciones de ingresos estructurales y ajustaban el gasto en consecuencia. Sin embargo, los errores sucesivos en estas estimaciones han reducido la capacidad de la regla para ordenar el debate parlamentario. A esto se suma el desorden causado por la fragmentación de los partidos políticos, lo que disminuye la capacidad de gestión de los gobiernos.
Necesitamos una regla fiscal renovada que, manteniendo los mismos principios que la actual, sea diferente. El CFA encargó un estudio al respecto que es valioso, pero no lo suficientemente innovador. Una alternativa es establecer una regla que se centre en la carga de intereses que queremos pagar dentro del Presupuesto. Actualmente, cerca del 5% del gasto público se destina al pago de intereses. Si pudiéramos reducir este gasto, las prestaciones previsionales podrían aumentar un 20%. El Gobierno y los parlamentarios deberían explicar por qué prefieren destinar más recursos al pago de intereses en lugar de destinarlos a las pensiones. Al saber que deberán hacerlo, podrían comprometerse a ser más disciplinados en el diseño y debate del presupuesto.
Esta regla sería contracíclica siempre que el marco macroeconómico permita que los precios cumplan su función estabilizadora. El esquema macroeconómico actual facilita que el tipo de cambio y las tasas de interés se ajusten de manera adecuada: ante shocks externos negativos, que son la principal fuente de inestabilidad en Chile, el tipo de cambio se deprecia y las tasas de interés a largo plazo disminuyen. Si esto sucede, la carga de intereses se reduce, lo que permite un gasto contracíclico. Sin embargo, una política que incremente el riesgo país podría reducir este espacio contracíclico. Una regla basada en la carga de intereses haría políticamente viable no aumentar el endeudamiento y generar incentivos adecuados para el diseño de políticas macroeconómicas.
Una última innovación se relaciona con el establecimiento de una meta de crecimiento. El año pasado, el CTCI me solicitó que elaborara una propuesta innovadora para un crecimiento sostenible. De ahí surgió la idea de adoptar una “meta de crecimiento” derivada de un proceso deliberativo que refleje las opciones sociales detrás del crecimiento económico, como empleo, salarios, protección del medio ambiente y gasto social, entre otros. Esta meta tendría un fuerte peso moral y cada actor en la economía sabría qué le corresponde hacer para lograrla. En particular, el Estado y cada una de sus entidades podrían determinar qué tan eficientes deben ser, es decir, cuánto más podrían hacer con los mismos recursos. Esto tendría consecuencias significativas en términos fiscales. Un gobierno que adopte una estrategia como la mencionada verá, en cuatro años, que la historia fiscal que el CFA contará será muy diferente a la actual.