La Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aprobó el dictamen que restablece la inmunidad parlamentaria para senadores y diputados, a partir de las Elecciones Generales de 2026. La iniciativa, de carácter de reforma constitucional, recibió 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
El dictamen modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, y debe ser aprobado por el pleno del Congreso con al menos 87 votos en dos legislaturas consecutivas, conforme al procedimiento establecido para reformas constitucionales.
La propuesta fue elaborada sobre la base de dos proyectos de ley: el N.º 5652/2023-CR, presentado por Wilson Soto (Acción Popular), y el N.º 8907/2024-CR, impulsado por José María Balcázar. Ambos proponen restituir la protección parlamentaria con ciertos límites y procedimientos específicos.
Según el texto aprobado por la Comisión, los legisladores no podrán ser procesados ni detenidos sin la autorización previa de la cámara a la que pertenezcan Senado o Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente. Esta protección aplicará desde el momento en que sean elegidos hasta un mes después del cese de sus funciones.
La reforma incluye una excepción para casos de delito flagrante. En estos casos, los parlamentarios deberán ser puestos a disposición de su cámara o de la Comisión Permanente en un plazo máximo de 24 horas.
A partir de entonces, la instancia correspondiente contará con un plazo improrrogable de 30 días calendario para decidir si se autoriza la privación de la libertad y el enjuiciamiento del legislador.
Cabe precisar que la inmunidad no aplicará para delitos cometidos antes de la elección del parlamentario, lo que busca limitar su uso como mecanismo de impunidad.
De ser aprobada en el pleno del Congreso en dos votaciones sucesivas, la reforma entraría en vigencia en el próximo periodo parlamentario, es decir, para los senadores y diputados que resulten electos en las Elecciones Generales de 2026. En ese proceso electoral, se espera la implementación del sistema bicameral, pendiente desde una anterior reforma constitucional.