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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó esta mañana, por mayoría, el informe de calificación de las dos denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Pedro Castillo, las mismas que plantean su inhabilitación por 10 años para ejercer cargo público por presunta infracción constitucional en el marco de su intentona golpista del 7 de diciembre de 2022.
La resolución firmada por Delia Espinoza traslada a todo el personal especializado de dichas instancias a la fiscalía encargada de ver casos de corrupción de funcionarios donde hay “sobrecarga procesal” que debe ser atendida.
Las denuncias, se recuerda, fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante, de Renovación Popular, y Alejandro Cavero de Avanza País, y fueron aprobadas con 12 votos de parlamentarios de distintas bancadas. En contra hubo cinco votos, todos ellos de legisladores de izquierda que en algún momento formaron parte de Perú Libre, partido que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo.
Previo a la votación, se expusieron los argumentos sustentatorios del informe de calificación que acumula ambas denuncias. En ese contexto, se precisó que el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo no fue un hecho aislado pues el exmandatario tuvo una “conducta permanente de amenaza al orden constitucional, lo que se tradujo a través de distintos actos, entre ellos la propuesta de una ley de reforma para que se convoque a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna”.
También la inmovilización social obligatoria dispuesta para el 5 de abril de 2022 con el fin de impedir las manifestaciones contra su gobierno, así como la presentación de un proyecto de ley por el que se planteaba la derogatoria de la norma que establece que se requiere una reforma constitucional para la convocatoria a la asamblea constituyente.
Además, se recordó que el 7 de diciembre de 2022 se registraron hechos conexos que habrían acelerado la intentona golpista de Castillo, como la presentación del exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marruffo ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo donde dio cuenta de la entrega de dinero al entonces presidente como producto de una serie de actos de corrupción.
Asimismo, indicaron que se tenía programada para ese día una sesión del Pleno del Congreso en la que se tenía previsto votar una moción de vacancia presidencial.
“En todo momento se apreció que Pedro Castillo actuó con dolo inconstitucional, es decir una conducta contraria a la Constitución”, se refirió, al tiempo de recordar que ya el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, estableció con claridad que Pedro Castillo dispuso establecer un gobierno de facto.
Cabe señalar que la denuncia constitucional presentada por Muñante se extiende también a la expremier Betssy Chávez y los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
La presidenta de la SAC, María Acuña, explicó que tras la aprobación del informe de calificación se determinará al congresista delegado y se elevará el caso a la Comisión Permanente del Congreso.
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