La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la semana pasada que se prohibirá a la Universidad de Harvard inscribir a nuevos estudiantes extranjeros y que los actuales alumnos internacionales deberán ser transferidos o perderán su estatus legal. La administración del presidente Donald Trump acusa a la prestigiosa universidad de Cambridge, Massachusetts, de “promover la violencia, el antisemitismo y colaborar con el Partido Comunista Chino en su campus”.
Imponer coerción para satisfacer intereses coyunturales atenta contra la autonomía y la pluralidad.
El conflicto entre la Casa Blanca y Harvard ha escalado hasta convertir en un tema de seguridad nacional las protestas en los campus universitarios contra los bombardeos israelíes en Gaza. Para controlar el perfil de estudiantes y docentes, el gobierno estadounidense comenzó presionando a la institución mediante la asignación de recursos y exigió eliminar órganos como el departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Hasta ahora, Harvard había accedido a renombrar el DEI, pero el viernes pasado decidió demandar al gobierno por su ataque a los estudiantes extranjeros, alegando una “violación flagrante” de la Primera Enmienda y otras leyes federales.
La universidad representa la convergencia de la diversidad, el pensamiento crítico, las ciencias, las humanidades y las artes en torno a un objetivo compartido: la busqueda de la verdad mediante evidencia y debate riguroso. Desde siempre, las universidades han sido faros del progreso social y, para cumplir ese rol, necesitan autonomía razonable, libertad para gestionar sus recursos y, sobre todo, para definir sus valores y criterios educativos.
Si hubiera faltas a la convivencia o a los deberes democráticos, los derechos civiles o colectivos, las instituciones tienen mecanismos para aplicar sanciones proporcionales. Pero forzar medidas por intereses gubernamentales pasajeros daña lo más valioso de la universidad: su autonomía, pluralidad y libertad de expresión.
Destacadas figuras chilenas en negocios, academia y política han pasado por sus aulas, como el expresidente Sebastián Piñera, los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Rodrigo Valdés, la economista Andrea Tokman, el actual ministro de Economía Nicolás Grau, la decana de Derecho de la UAI Isabel Aninat, y empresarios como Andrónico Luksic Craig y Bernardo Larraín Matte, entre otros.
Es alarmante que una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo enfrente presiones políticas que amenazan su integridad, más aún por su contribución global, incluyendo la transferencia de conocimiento de vanguardia a países como Chile. “Veritas”, su lema histórico, remite a una verdad basada en la razón, la evidencia y el debate libre, lejos de imposiciones ideológicas temporales.