Un estudio revela que en Lima, se concentra una cifra aún más alta de personas afectadas por la delincuencia, comparadas a nivel nacional, alcanzando el 50 % de la poblacion adulta, es decir, aproximadamente 4.2 millones de personas.
Restaurantes, bodegas y farmacias están desapareciendo por miedo a los asaltos y extorsiones provocados por la expansión de la modalidad de préstamo informal conocida como «gota a gota». Impactando gravemente en la economia y la seguridad ciudadana del país. Más de 7 millones de peruanos han tenido que cerrar negocios o restringir servicios por culpa de la delincuencia, ha revelado un reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP.
La modalidad «gota a gota» afecta a más de 200,000 familias peruanas y moviliza cerca de S/ 1,870 millones al año. Este mecanismo ilegal de financiación está dirigido principalmente a sectores vulnerables excluidos del sistema financiero formal. Como comerciantes informales, migrantes, trabajadores con empleo precario o personas sin historial crediticio.
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En este sentido, el exviceministro de seguridad pública del Ministerio del Interior, Ricardo Valdez, mencionó que la Ley contra la Usura o también conocida como la ley de Topes, propició la exclusión de personas del sector financiero formal.
«(Esta ley) resultó tener un impacto negativo, que ha quedado demostrado en el incremento justamente de los casos del gota a gota. El Congreso se excedió al establecer este tipo de topes. El interés diario en este tipo de créditos gota a gota, al menos genera un 500 % de interés anualizado. Muy por encima de la tasa que te cobraba el sector financiero formal«, indicó.
«(El Congreso) no se puso a pensar cuáles fueron las causas de ese crecimiento, que puede llegar, inclusive en el sector del gota a gota. Un mínimo de 500 y que ha ido hasta 1400 % de interés anualizado. Y que es cobrado sobre la base de la violencia y el asesinado», añadió.