En primer lugar, es imprescindible movernos hacia un sistema tributario simple, que incentive la inversión. La evidencia nos muestra que, tras la reforma tributaria de 2014, la inversión sobre PIB retrocedió hasta 22%, es decir, casi cuatro puntos porcentuales, lo que condujo a una baja en el crecimiento de largo plazo. La propuesta que se plantea apunta a reintegrar el sistema tributario, dejar de lado la modalidad dual y considerar dos tramos para el impuesto corporativo, para así beneficiar a las PYME en su etapa de crecimiento. En su forma general, se propone llevar la tasa a 23%, promedio de la OCDE. Se sugiere además eliminar los regímenes de renta presunta, que no tienen justificación. Estas medidas darían un impulso al crecimiento, lo que, a través de su impacto en recaudación fiscal, permitiría financiar parcialmente la medida. El remanente sería cubierto por un aumento de la base tributaria del impuesto global complementario, entendiendo que hoy está exento de éste un porcentaje cercano a 75%, muy por sobre los registros de cualquier país. Se sugiere bajar a cuatro el número de tramos aquí considerados, alineado con el estándar internacional, definidos de forma de elevar el número de contribuyentes.
“Un sistema tributario más simple, ampliar el acceso a financiamiento para el sector y generar incentivos para su formalización son condiciones clave. Todo ello, sin dejar de lado la modernización del Estado.
Se propone, asimismo, ampliar el acceso a financiamiento para PYME. Hoy se reconocen limitaciones, además de debilidades importantes en la educación financiera de este segmento. Se requiere de una Fecu simplificada, entendiendo que la falta de información de balances financieros limita su acceso al crédito. Es importante introducir flexibilidad en las garantías del Estado, a través de un Fogape reforzado, de modo de facilitar ajustes en las condiciones de un crédito, en caso de requerirse.
Una cuestión central, además, es generar incentivos para la formalización, reconociendo sus impactos sobre los ingresos del Estado, en la productividad y en el bienestar, además de atacar la competencia desleal. Para ello, se propone una ventanilla única que facilite permisos de operación y licencias, y establecer un sistema de permisos provisorios y aprobación automática transcurrido un tiempo razonable para una autorización. Los beneficios del Estado, en tanto, deben exigir la formalización de las empresas, a lo que se sumaría capacitación tecnológica y apoyo para sistemas digitales de gestión y cumplimiento tributario.
Por último, destaco la importancia de reimpulsar la modernización del Estado. Este planteamiento viene desde hace rato, sin mostrar avances. El escándalo de fraudes en el uso de licencias médicas que nos ha revelado la Contraloría podría ser un aliciente para retomar con fuerza esta urgencia, apuntando a racionalizar gastos y agilizar la pesada burocracia del Estado.
