Una pésima señal en la lucha contra la corrupción ha emitido el Congreso al aprobar, en la Comisión de Constitución, una reforma para restituir la inmunidad parlamentaria, eliminada en el Congreso transitorio 2020-2021.
El cambio permitiría a futuros diputados y senadores –entre ellos seguramente muchos provenientes de partidos con bancadas importantes en el actual hemiciclo– llegar al Poder Legislativo con delitos a cuestas o cometerlos en el ejercicio de sus funciones.
Tendrán, como privilegio especial frente a cualquier funcionario público o frente a cualquier ciudadano común y corriente, una protección previa de su cámara o de la Comisión Permanente que decidirá y dirá al Poder Judicial o a la Fiscalía si autoriza o no que se le procese al mal padre de la patria. Así, acceder a una curul en el próximo Parlamento y refugiarse en ella será una inversión para cualquier malhechor con suficientes recursos.
Como ha dicho el experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, la restitución de semejante blindaje constituiría un retroceso en la lucha contra la corrupción: “Es una contrarreforma en la lucha contra la corrupción. La tendencia global es que no se permita la impunidad. Lo que se ha aprobado ahora es simplemente una barrera de inmunidad que ha sido entendida en la historia constitucional peruana como impunidad”. Una figura anacrónica que las democracias modernas han desterrado de sus legislaciones hace décadas.
La medida protegería a los parlamentarios acusados, incluso, de delitos comunes. Una verdadera aberración jurídica que, además, se está tramitando en la peor coyuntura para el país. Porque no se debe perder de vista que hoy en día es justamente el poder de las economías ilegales el que está ganándole terreno al Estado de derecho y a lo que suele llamarse el imperio de la ley.
Y de prosperar esta malhadada propuesta, el Perú no solo retrocedería décadas en la lucha contra la corrupción, sino también en la lucha contra el crimen organizado, cuyos tentáculos ya se extienden a los poderes del Estado. Lo vemos todos los días, a través de fallos judiciales sospechosos, proyectos de ley interesados y hasta decretos supremos que perpetúan el daño que, por ejemplo, la minería ilícita –y las actividades criminales que giran alrededor de ella– le hace al medioambiente, a la economía formal y a la seguridad ciudadana.
Un blindaje inaceptable, pues, que únicamente favorecerá a quienes en nuestro país han hecho de la política una taimada modalidad delictiva.