A dos semanas de haber publicado los términos de referencia para la licitación de la consultoría que debe hacer la Super de Pensiones para insumar la construcción del nuevo régimen de inversiones, el regulador ya designó a los 10 integrantes de la comisión evaluadora del proceso.
Se trata de cinco miembros titulares y cinco suplentes. Entre el primer grupo estarán la jefa de la División de Estudios, Ximena Quintanilla; la jefa del departamento de AFP, Daniella Gutiérrez; la analista de esa misma unidad, Paola Salinas; el jefe de la División Financiera, Sergio Aratangy y el coordinador de control de inversiones extranjeras y derivados, Luis Bravo.
En tanto, como suplentes formarán parte el jefe (s) del departamento de inverstigación, Eugenio Salvo; el efe de la Divisón de Desarrollo Normativo, Patricio Ayala; la analista de investigación y actuarial, María Fernanda López; el jefe del departamento de Riesgo Financiero, Rodrigo Chávez y el supervisor de la Unidad de Análisis y Control Financiero, Felipe Gálvez.
Hasta este jueves los interesados del mercado podrán hacer preguntas sobre las bases de licitación, las que luego deberán ser respondidas por el regulador.
La comisión evaluadora tendrá la responsabilidad de realizar el análisis de todo el proceso de licitación pública, incluyendo la recepción de las consultas presentadas por los interesados, cuyo plazo venció esta tarde, además de elaborar las respuestas y aclaraciones respecto de tales interrogantes, monitorear la correcta publicación de dicha información, y evaluar la robustez de las propuestas presentadas por los oferentes, comunicó la Superintendencia.
La apertura de las ofertas está programada para el día 18 de julio, mientras que la adjudicación de la consultoría – que deberá proponer diseño de fondos generacionales, carteras de referencia, además de premios y castigos por desempeño de los fondos administrados-, se realizará el 7 de agosto y se espera que se ponga en consulta un año después.
El presupuesto total que puso a disposición el regulador para este proceso fue de $ 444 millones.