Durante mucho tiempo, los gobiernos municipales—es decir, alcaldes y regidores, estos últimos también llamados “concejales”—eran designados por los gobiernos nacionales, especialmente aquellos que no surgían de la voluntad popular, es decir, sin procesos electorales. En resumen, eran impuestos hasta que se democratizaron mediante elecciones periódicas, llegando incluso a permitirse la reelección municipal.
En los gobiernos regionales ocurría algo parecido con los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), nombrados por los gobiernos de turno, hasta que, por mandato de la Ley de Regionalización, se instauraron elecciones para Gobernadores Regionales y sus Consejeros. A los primeros se les denominó, de manera pomposa e innecesaria, “presidentes regionales”, quienes, carnavalescamente, lucían bandas presidenciales más anchas y largas que las del propio Presidente de la República y exigían honores. Si bien inicialmente podían reelegirse, hace una década, mediante una reforma constitucional, se prohibió la reelección regional inmediata.
Respecto a las autoridades municipales y regionales, la reelección sería conveniente, pues su período es breve—solo cuatro años—. El primer año lo dedican a conocer sus funciones y adaptarse, el segundo y tercero a ejecutar obras, pero en el cuarto, con el proceso electoral en marcha, hasta el portero del “palacio” municipal (denominación exagerada para la sede provincial o distrital) los ignora. Algo similar ocurre en los gobiernos regionales.
Quienes se oponen a la reelección inmediata argumentan que hay que “proteger” a los ciudadanos de malos gobernantes, evitando que los reelijan. Sin embargo, olvidan que también hay gobernadores y consejeros aceptables, así como alcaldes y regidores destacados, sin motivos válidos para privar a la ciudadanía de reelegirlos.
El Parlamento no tiene derecho a tratar a los ciudadanos como incapaces, imponiéndoles una “curatela electoral” al decidir por quiénes no pueden votar. Si el ciudadano acierta, bien; si se equivoca, que aprenda y no repita el error. Resulta grotesco, además, que los parlamentarios sí puedan reelegirse, pero nieguen ese derecho a autoridades regionales y municipales, como diciendo: “Para nosotros lo ancho, para ellos lo angosto”. ¡No abusen!
Lejos de tutelar a la ciudadanía, lo correcto es expulsar a los malos gobernadores y alcaldes—junto a sus asambleas—para que el pueblo decida con conocimiento, no restringiendo sus derechos democráticos.
La prensa y las juntas vecinales son claves para evaluar a las autoridades, quienes rinden cuentas ante los ciudadanos. No se debe votar a ciegas, pues hoy existe suficiente información mediática.