Señor Director:
La reforma de pensiones conlleva riesgos fiscales relevantes. El primero es la incertidumbre en el financiamiento de sus compromisos permanentes, como la PGU reforzada o los esquemas de solidaridad. Esto se basa en supuestos optimistas de recaudación futura, en especial mediante la Ley de Cumplimiento Tributario, cuya efectividad ha sido cuestionada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En régimen, la discrepancia entre Dipres y CFA-FMI, abarca hasta la friolera del 1% del PIB.
El segundo riesgo es la creación de fondos excluidos del balance del gobierno central, como el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), lo que reduce la transparencia y dificulta el control fiscal.
Un caso concreto es el esquema solidario basado en el 1,5 % de cotización de los trabajadores activos, que se destina a mejorar las pensiones actuales mediante un mecanismo de préstamo intergeneracional. Así el afiliado recibe un reconocimiento futuro con rentabilidad garantizada (UF 0,1 por año cotizado), con el Estado avalando esa deuda. Pero si los retornos no alcanzan o caen los ingresos, el Fisco deberá responder, generando pasivos contingentes no registrados como deuda pública.
Diseñar solidaridad sin respaldo en los ingresos estructurales ni con el control fiscal adecuado puede tensionar aún más la sostenibilidad de las finanzas pública.
Francisco Castañeda
Economista Universidad Central de Chile