Este 29 de junio se cumplen 250 días desde la última vez que la presidenta Dina Boluarte respondió preguntas de periodistas.
Las muertes de Alan García, Luis Castañeda, Joseph Maiman y José Miguel Castro marcan un trágico desenlace en el megacaso de corrupción que ha sacudido la política peruana.
El prolongado silencio de la mandataria ha sido duramente cuestionado por organizaciones de prensa como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), que advierte no solo una ausensia sistemática de rendición de cuentas, sino una actitud hostil hacia el periodismo de investigación.
Según recuerda la ANP, la última vez que Boluarte ofreció declaraciones a medios fue el 22 de octubre de 2024, durante la presentación de su Balance de Gestión. Aquella jornada, tras 105 días de silencio, accedió a responder preguntas, pero lo hizo con expresiones despectivas hacia quienes la interpelaban.
Desde entonces, el panorama se ha agravado.
ESTIGMATIZACIÓN DE LA PRENSA
La ANP ha registrado múltiples discursos en los que la presidenta ha desacreditado el trabajo periodístico, acusando a la prensa de crear “leyendas mediáticas” o de “jugar en pared” con un sector del Ministerio Público para gestar un golpe de Estado.
A estas declaraciones se suman expresiones anteriores en las que ha calificado al periodismo de investigación como “terrorismo de imagen”, consolidando una narrativa oficial de estigmatización a la prensa crítica.
La opacidad no se limita al discurso. En los últimos meses, Palacio de Gobierno ha clasificado como “confidencial” documentos que deberían ser de acceso público, como la bitácora del vehículo presidencial (“el cofre”) y las directivas que permitieron encerrar a periodistas durante coberturas oficiales. Estas acciones son vistas por la ANP como parte de una estrategia deliberada para restringir el acceso a la información y debilitar la función fiscalizadora de los medios.
“La más alta autoridad del Estado tiene la obligación de rendir cuentas, no de escudarse en discursos unilaterales”, señaló la ANP.
La entidad reiteró que el periodismo —especialmente el de investigación— es un canal legítimo de crítica ciudadana, y que acallarlo no solo daña la democracia, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
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