Las graves acusaciones del exasesor Jaime Villanueva contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, en caso Los Cócteles siguen sin ser resueltas por la justicia.
Las imputaciones forman parte de un caso, también llamado “Cócteles”, que tiene a su cargo el juez Alcides Chinchay y que también implican a Gustavo Gorriti de la ONG IDL.
La demora tiene más de cinco meses y ha motivado que Pérez presente una tutela de derechos, evaluada por el juez Juan Carlos Checkley, el pasado 3 de junio. “Yo soy el investigado del ‘Caso Cocteles’ del fiscal supremo Alcides Chinchay”, señalo Pérez en la audiencia con el fin de que se ordene la toma de sus descargos.
En la audiencia judicial surgió más de una interrogante tras conocerse que, casi seis meses después de terminar la fase preliminar del caso, Chinchay aún no decide sobre el futuro de la investigación; es decir, si continúa o no con ella mediante la formalización de la misma.
La investigación, iniciada en marzo del año pasado, les atribuye a Gorriti, Pérez y Vela, fiscal coordinador del equipo Lava Jato, el presunto delito de cohecho pasivo específico y otros.
La denominación del proceso como “Caso Cócteles”, a consideración de Chinchay, responde a las explosivas declaraciones de Jaime Villanueva que suscitaron el inicio de las diligencias.
Según el otrora asesor de la ahora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, los fiscales realizaron presuntas coordinaciones irregulares para que sea Pérez quien investigue a Keiko Fujimori en una investigación, conocida en el plano político como “Caso Cócteles”, por presuntos aportes ilicitos.
Para ello, se realizaron “malabares” a fin de que Pérez no pierda un bono, una condición impuesta por él, según Villanueva. Gorriti, en tanto, habría “diseñado la estrategia” fiscal y “el que decía a quienes tenían que interrogar”. Es decir, personajes ajenos al caso direccionaron la investigación, de acuerdo al testimonio.
