Con varios meses de retraso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República que preside María Acuña Peralta delegó el último martes al congresista José Jerí, de Somos Perú, la investigación de las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Pedro Castillo, entre otros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
En declaraciones a Perú21 el legislador sostuvo que aún no ha sido notificado formalmente de su designación por lo que no cuenta todavía “con la información completa, los actuados y la denuncia en sí misma”.
Los cuatro partidos buscan una fórmula presidencial. Yehude Simon también está en conversaciones.
“Una vez que tenga ello en las manos, una vez que sea notificado voy a poder hacer el informe de determinación de hechos, ahí se va a plasmar qué es lo que se va a hacer procedimentalmente hablando”, señaló.
Añadió que estas denuncias están relacionadas a otras de igual naturaleza por lo que hay información que ya es pública.
En otro momento, agregó que se debe considerar que “toda denuncia que ingresa al Congreso de la República y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es de naturaleza técnico política, de naturaleza híbrida; por lo tanto voy a procurar correr dentro de los plazos que exige la norma con la objetividad del caso”, apuntó.
Inhabilitación por 10 años
Como se recuerda, se trata de dos denuncias constitucionales presentadas por los congresistas Alejandro Muñante de Renovación Popular y Alejandro Cavero de Avanza País contra el expresidente Pedro Castillo. Ambas fueron acumuladas por la SAC y plantean la inhabilitación del exmandatario por 10 años para ejercer cargo público por presunta infracción constitucional en el marco de su intentona golpista.
Según las consideraciones formuladas en su momento por la subcomisión, “Pedro Castillo tuvo una conducta permanente de amenaza al orden constitucional, lo que se tradujo a través de distintos actos, entre ellos la propuesta de una ley de reforma para que se convoque a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna”.
Además se tomó en cuenta la inmovilización social obligatoria que dispuso para el 5 de abril de 2022 para impedir las manifestaciones en contra de su gobierno y el proyecto de ley que planteaba la derogatoria de la norma que establece que se requiere una reforma constitucional para la convocatoria de la asamblea constituyente.
La SAC también señaló que el intento de golpe de Castillo estuvo relacionado a otros hechos conexos como la presentación del exJefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo, horas antes del mensaje presidencial, donde dio cuenta de la entrega de dinero al entonces presidente como producto de una serie de actos de corrupción.
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