El gremio minero Sonami se unió a Andes Iron, que contrató a Jorge Correa Sutil para su defensa, y solicitó al Tribunal Constitucional una audiencia pública en medio del conflicto entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental por las competencias para decidir el futuro del proyecto minero-portuario Dominga de US$2.500 millones.
El presidente de la organización empresarial, Jorge Riesco, pidió que “se decrete una audiencia pública en este caso y se permita a mi representada participar en ella”.
El dirigente explicó que “este conflicto de competencias tiene un claro interés público en el que está en juego la confianza en el Estado de Chile para invertir en minería”. Hizo hincapié en que “Sonami es la asociación gremial que representa al sector privado minero, por lo que tiene un interés legítimo en la forma en que se resuelva este asunto, lo que justifica su solicitud de audiencia y de poder comparecer en ella”.
En el documento, Riesco señala que la industria minera está observando con atención tanto “la inexplicable demora de este proyecto” como la forma en que se resuelve el conflicto de competencias, señalando que si se lleva a cabo sin duda “desincentivará nuevos emprendimientos mineros”.