“Son terroristas, hay que decirlo claramente”, afirmó sin titubeos el alcalde Aldo Carlos Mariños al referirse a los autores del secuestro y asesinato de 13 trabajadores en Pataz.
La autoridad denunció que, pese a las advertencias de los familiares días antes de la masacre, el Gobierno solo actuó después de que las víctimas fueran halladas sin vida.
BUSCAN A LOS ASESINOS. Los principales sospechosos son el delincuente alias ‘Cuchillo’ y Los Pulpos. La Policía investiga, además, si los dos criminales que secuestraron a trabajadores de la minera Caravelí tienen vinculación con la masacre.
Mariños expresó su frustración: “Siento impotencia, decepción. Solo quieren la foto final. Cuando se enteraron del secuestro, ahí debieron actuar para tratar de rescatar con vida a estas personas”.
En un tono firme y doliente, el burgomaestre señaló a RPP que el Ejecutivo muestra más preocupación por la imagen pública que por la vida de ciudadanos pobres que solo buscaban trabajar: “Si hubiera sido su familia, actuaban al instante. Pero como eran personas humildes, no les importó”.
Durante la entrevista, reveló que fue citado por la presidenta Dina Boluarte para tratar temas de infraestructura, como el asfaltado de la carretera nacional y no la emergencia de seguridad. “La invitación fue hecha antes del secuestro. Hoy me dicen que también quieren abordar el tema de seguridad”, indicó.
Mariños también cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien días antes de la matanza puso en duda la veracidad del secuestro. “Nos gobiernan personas indolentes”, sentenció. Al ser consultado sobre su confianza en las autoridades, respondió: “Tenemos que dar el beneficio de la duda, pero no nos queda otra que tocar puertas y hacernos escuchar”.
El alcalde confirmó que en un asalto reciente a una minera local, se capturó a miembros armados de una banda criminal, lo que demuestra que hay grupos organizados operando con armas de guerra en la zona. Entre los señalados estaría Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ o ‘Gatillo’, presunto responsable de varios atentados en la región.
¡BASTA YA!
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) lamentó profundamente la muerte de 13 trabajadores en Pataz y exigió al Estado medidas urgentes para restablecer el orden y la seguridad en zonas mineras tomadas por mafias de la minería ilegal. La institución advirtió con preocupación el avance territorial de estos grupos violentos, incluso en un contexto de Estado de Emergencia, como lo evidencia el reciente secuestro de trabajadores de la minera Caravelí y el enfrentamiento con la Policía que dejó dos heridos.
El IIMP recordó que las víctimas prestaban servicios a una operación artesanal bajo contrato con la empresa Poderosa, en un esfuerzo por fomentar la formalización de la minería. Sin embargo, alertó que sin condiciones mínimas de seguridad, cualquier intento de formalización fracasa. Por ello, exigió al Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial resultados concretos que protejan a los mineros y garanticen un entorno seguro para todos los peruanos.
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