Cecilia Cifuentes
No le gustó al ministro de Hacienda el último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que estableció en forma clarísima y unánime que “el país está en un punto de inflexión, escenario ante el cual reitera su llamado a un acuerdo amplio por la sostenibilidad fiscal”. Las verdades duelen cuando hay evidentes responsabilidades en ellas, y no puede ser de otro modo luego de la alta probabilidad de que el Gobierno incumpla por tercera vez su meta de resultado fiscal este año, y no de forma marginal.
Las conclusiones del CFA parecen indesmentibles. Si no hay un ajuste fiscal importante, estamos poniendo en riesgo el financiamiento de los compromisos sociales que el Estado tiene con la población.
“Hoy cosechan lo que sembraron: progresivos derechos sociales, sin el crecimiento necesario para hacerlos sostenibles. ¿Ahora no les gusta? Entonces deberían contribuir a sembrar respeto institucional, responsabilidad, disciplina fiscal”.
El problema no es solo responsabilidad del actual Gobierno. Es una historia que empezó hace más de una década, cuando, pese a la clara señal del fin de la bonanza del cobre en 2012, los grupos de izquierda -ahora en el poder- comenzaron a presionar por mayor gasto público. Había que eliminar el copago escolar, dar gratuidad en la educación superior y hacer la vista gorda ante las crecientes ineficiencias del gasto en salud. Entre 2011 y 2023, el gasto en educación creció 81% real y el de salud 113%, lo que equivale a US$ 16.000 millones adicionales. El gasto en personal también se disparó: entre 2014 y 2024 aumentó casi 60% real en el gobierno central y 90% en las municipalidades. En conjunto, el gobierno general está gastando más de US$ 10.000 millones adicionales en remuneraciones respecto de 2013.
¿Qué hubo detrás de esto? El objetivo fue declarado explícitamente por los sectores de izquierda, y con especial fuerza por el naciente Frente Amplio durante la segunda campaña de Bachelet; Chile tenía que convertirse en un Estado Social de Derechos, el crecimiento y la responsabilidad fiscal solo beneficiaban a una élite privilegiada, era necesario “comprar paz social”.
Ignoraron que el alto crecimiento y los superávits fiscales entre 2004 y 2012 fueron resultado de la bonanza del cobre, y optaron por dañar el crecimiento con reformas técnicamente cuestionadas. Entre ellas, la tributaria de 2014, que recaudó muy poco y afectó el ahorro y la inversión. Se ignoró que, en una economía financieramente integrada, los impuestos al capital recaen en el trabajo, no mediante mayor recaudación, sino por menor crecimiento del empleo y los salarios.
Hoy cosechan lo que sembraron: progresivos derechos sociales, sin el crecimiento necesario para hacerlos sostenibles. Gastaron mucho más, pero ahogaron el desarrollo con más impuestos, regulaciones excesivas y funcionarios anti empresa. Lo más grave fue el deterioro institucional, y no solo a través de la negativa reforma al sistema político de 2015, sino peor, pasando por alto las leyes. Recordemos que “cometer sacrilegio contra la Constitución” se consideraba preferible a no atender demandas ciudadanas, y justificar la delincuencia y la violencia era una vía legítima para recuperar el poder político.
¿Ahora no les gusta la cosecha? Entonces deberían contribuir a sembrar respeto institucional, responsabilidad, disciplina fiscal y políticas públicas basadas en el conocimiento técnico y la evidencia empírica. Y ojalá lo hagan no solo en los pocos meses de gobierno que quedan, sino sobre todo si vuelven a ser oposición.