Era previsible que algo así ocurriera.
Piden que la Mesa Directiva explique los detalles de todos los contratos de la nueva oficina congresal.
Marie Emily Silva, secretaria del sindicato del Congreso (Sitraparl), confirmó a Perú21 que no le renovaron el contrato como represalia por denunciar la polémica jefatura de la Unidad Ejecutora de la Bicameralidad (UEB), revelada por este diario.
Apunta directamente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, como responsable de su salida.
Esta nueva oficina —creada para implementar el retorno a la bicameralidad— manejará un presupuesto de S/90 millones y funciona desde marzo en el sexto piso del edificio Vide, en la avenida San Luis 1369, lejos del Palacio Legislativo y de cualquier fiscalización efectiva.
El contrato fue firmado con el consorcio Pissano, propiedad de un militante del partido Somos Perú. Aquí presentamos los documentos.
Silva acudirá hoy al Congreso con inspectores de Sunafil para formalizar su denuncia: asegura que su despido es una represalia directa. Hasta hace unas semanas, trabajaba como profesional en la Biblioteca del Congreso, donde llevaba dos años.
Acumula 24 años de trayectoria en el Palacio Legislativo.
No es la primera vez que enfrenta una situación así. En 2023 denunció al congresista Edgar Tello por recortarle el sueldo y despedirla mientras estaba embarazada. Ganó el juicio, fue repuesta en su puesto y Sunafil multó al Congreso con medio millón de soles.
Silva considera que esta nueva salida tiene múltiples motivaciones: no solo su denuncia contra la UEB, sino también su enfrentamiento con el sindicato Sitracon —ligado a APP, el partido de Salhuana— y su dirigencia, encabezada por Tulio Vizcarra.
Ella sostiene que esa agrupación ya no tiene mayoría y teme perder beneficios como licencias indefinidas. Si se aplica la norma, solo contarían con 30 horas sindicales al año, como ocurre con ella.
El misterioso edificio de San Luis
La existencia de la UEB fue revelada por Silva en una sesión de la Comisión de Fiscalización hace dos semanas. Allí advirtió sobre la falta de transparencia en el contrato de alquiler del edificio, firmado por S/480 mil anuales con el consorcio Pissano, cuyo gerente es militante del partido Somos Perú.
La oficina, rodeada de hoteles y cebicherías, está alejada del control directo de Recursos Humanos y la Dirección General de Administración del Congreso. Silva también denunció que la Oficialía Mayor ignoró reiteradas solicitudes de información sobre la UEB y sobre la compra del exlocal del Banco de Crédito para el futuro Senado.
Según datos del Sitraparl, en la UEB trabajan casi 50 personas, incluidos 12 funcionarios, y su jefe, Enrique Fernández Paniagua, recibe un sueldo cercano a los S/20 mil mensuales. Aunque su misión es preparar la bicameralidad para 2026, su ubicación apartada y la contratación directa sin licitación han levantado múltiples sospechas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, incluso ha pedido la renuncia del oficial mayor Giovanni Forno por no rendir cuentas sobre este caso.
La denuncia de Silva, sumada a las revelaciones sobre el edificio de San Luis, encienden una señal de alerta sobre cómo se están usando —y blindando— los recursos públicos dentro del Congreso.
La historia aún no termina. La visita de Sunafil al Parlamento podría marcar un punto de quiebre si se confirma que el despido de Silva fue una represalia encubierta.
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