Tres economistas proponen una reforma integral de la salud y buscan acuerdos transversales.

Luego de la crisis de las isapres, quedó pendiente una modificación profunda al sistema que hoy se discute en el Congreso.

La Ley Corta de Isapres fue solo el primer capítulo de lo que, se espera, sea una reforma más amplia para todo el sistema de salud. Es consenso entre los especialistas del rubro que ésta es necesaria.

Así, hoy en el Congreso se encuentran varios proyectos: modernización del sistema de salud y fortalecimiento del sector público; eliminación de las preexistencias en las isapres; y fortalecimiento de la Superintendencia de Salud (SIS), entre otros.

Con esa mirada fue que tres economistas se reunieron para generar una propuesta integral de una reforma institucional al sistema: la directora de Espacio Público y académica UC, Paula Benavides; la economista de la salud e investigadora de la UDP, Daniela Sugg; y la directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS (Ipsuss), Carolina Velasco.

“En el Parlamento se están discutiendo varias iniciativas que, si se abordan con visión de Estado y apoyo técnico transversal, constituirían las bases de una reforma integral. Aunque sea año electoral, este 2025 puede marcar el inicio de un proceso de acuerdos en salud, como hace 20 años ocurrió con el GES”, dijo Benavides.

Este lunes presentaron su primera propuesta, particularmente sobre el proyecto que busca reforzar la SIS, en la misma comisión de la Cámara Baja que lo aprobó en general.

Entre otros aspectos, apuntaron a la necesidad de profundizar la funciones de la SIS para que fiscalice a todo el sistema, es decir, que lo haga con Fonasa tal como con las isapres; que se modernice el sistema de acreditación de prestadores; y a homologar sus funciones con las de otras superintendencias.

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“Ante la urgencia y magnitud de los desafíos, es momento de ser más audaces: avanzar hacia una gobernanza más técnica e independiente, fortalecer su rol frente a Fonasa para resguardar efectivamente los derechos de usuarios y prestadores, y dotarla de mayores atribuciones para velar por la calidad”, argumentó Sugg.

Por su parte, Velasco agregó: “Quiero ser optimista, porque este y los demás proyectos en trámite han considerado en parte los acuerdos alcanzados por varios de los grupos técnicos transversales convocados en el último tiempo, donde me tocó participar y ser testigo de los esfuerzos realizados por tomar una mirada de largo plazo y dejar de lado las posturas propias”.

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