Desde el 15 de julio, cuando la Comisión de Economía visó en general el proyecto que limita la Unidad de Fomento (UF) como medio de reajustabilidad, esta iniciativa ha sido tema de debate entre expertos economistas, gremios empresariales y distintos sectores políticos, que de manera transversal han advertido acerca de los efectos negativos que podría generar la medida en el supuesto caso de que eventualmente se convirtiera en ley.
Sin embargo, el martes expusieron en la Comisión de Economía, el director del Sernac, Andrés Herrera; y el economista Álvaro Gallego. Quienes llegaron a conclusiones distintas a las que han planteado otros interesados en el tema.
Herrera planteó a la comisión que “para el consumidor es más conveniente la modalidad del reajuste sobre la base del IPC que de la UF”. El director del Sernac explicó esta postura, añadiendo que ello se debe a que “en caso de la UF hay una capitalización diaria, un cálculo compuesto que otorga al consumidor una mayor carga financiera, en un momento determinado, menor predecibilidad respecto de los cobros; versus, lo que es el IPC, en el que son más espaciados en el tiempo, dependiendo de la frecuencia -trimestral, semestral o anual- permite una menor carga financiera en un periodo de tiempo determinado; y, al mismo tiempo, por supuesto, una mayor claridad respecto de la proyección que pueda hacer en ese periodo de tiempo”.
Herrera, señaló que “incluso, en términos económicos, en periodo estándar, entendiendo que se aplica todo en la variación del IPC, termina siendo levemente más conveniente el cálculo por IPC por sobre la UF”.
En la medida de lo posible
Por su parte, Gallego hizo hincapié en que el sistema financiero es capaz de adaptarse a los cambios, lo que -a su juicio, favorece el buen funcionamiento del mercado. Expresó su convicción de que los índices de indexación tienen que ir adecuándose a las circunstancias de la economía.
De ahí que para el experto, “lo importante es que la indexación es beneficiosa para la economía y para proteger los intereses de las partes contratantes; la indexación tiene que adaptarse a las condiciones prevalecientes en la economía, por lo tanto, si tenemos alta inflación utilicemos una indexación diaria, pero si tenemos una baja inflación eso carece de sentido y podemos pasar a periodos de adecuación de los contratos a una moneda dura a través de la indexación con plazos más razonables”.
A partir de estas intervenciones, uno de los autores del proyecto que causó tanto revuelo, a partir de su aprobación general en la comisión, el diputado Daniel Manouchehri, señaló que esto confirma lo que han venido manifestando los promotores de la iniciativa, que “la UF, tal como está siendo usada hoy, castiga a las familias en lugar de protegerlas. Si incluso el Sernac reconoce que implica una mayor carga financiera que el IPC, ¿por qué se sigue defendiendo su uso en contratos de corto plazo?”, cuestionó.
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini insitió en que “este proyecto no elimina la UF”, advirtiendo que “esa caricatura sólo busca confundir”, pues lo que buscan quienes están detrás del proyecto es “regular su uso abusivo en contratos de corto plazo como arriendos, salud y educación”, enfatizó.
A partir de este escenario, el diputado Manouchehri anunció que, recogiendo las inquietudes técnicas y con el objetivo de avanzar en acuerdos amplios, “el proyecto será perfeccionado para enfocarse exclusivamente en contratos de corto plazo, como arriendos, salud y educación, dejando fuera del alcance de la regulación a los créditos hipotecarios de largo plazo”.