Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, convalidará este viernes ante un tribunal federal de Chicago su declaración de culpabilidad por narcotráfico. Lo que diga el hijo de Joaquín, El Chapo, Guzmán, podría generar un terremoto político.
En un acuerdo estratégico con la fiscalía estadounidense, el hijo del fundador del Cártel de Sinaloa no solo busca reducir su condena: podría poner contra las cuerdas a políticos, empresarios y funcionarios que han servido de engranaje a la estructura narco en México.
La expectativa es grande alrededor del narco junior de 35 años.
La gravedad de la agresión fue considerada por los jueces como un “crimen de grave naturaleza”.
Según un documento firmado el 30 de junio, Ovidio expresó su “deseo de declararse culpable”, lo que le permitirá evitar un juicio y negociar una sentencia más leve a cambio de colaborar. Está acusado de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de armas de fuego, delitos que podrían haberle valido cadena perpetua, como a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Pero su confesión puede tener un alcance más explosivo: el exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, asegura que Guzmán tiene información sobre redes políticas y empresariales que han protegido al Cártel de Sinaloa. Esto incluye rutas de precursores químicos, vínculos con Asia, lavado a gran escala y nombres de funcionarios activos que colaboran o miran hacia otro lado.
Según el periodista Luis Chaparro, “la expectativa no es simbólica, es práctica: que una sola declaración impulse arrestos, provoque sanciones, extradiciones activas y deje sin blindaje a quienes han operado desde las sombras”.
En mayo, 17 familiares de Ovidio, incluidos su madre, primos y medio hermanos, fueron autorizados a entrar a EE.UU., lo que revela un nivel avanzado de cooperación judicial. Este tipo de beneficios suele aplicarse cuando un testigo clave entrega evidencia concreta que afecta a estructuras superiores del crimen organizado.
El pacto judicial incluiría también la posibilidad de que testifique contra otros capos —como Ismael ‘El Mayo’ Zambada—, y, según fuentes especializadas, su declaración podría involucrar a actores políticos de alto nivel, incluso exgobernadores, alcaldes, legisladores y mandos policiales.
Impacto político y diplomático
La administración Trump, que en junio designó a Los Chapitos como “organización terrorista global”, ha intensificado la presión sobre México. La recompensa por sus hermanos prófugos (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) fue elevada a 10 millones de dólares cada uno.
Pero más allá del cártel, el riesgo está en la posible revelación de vínculos entre el narco y el poder institucional mexicano. De confirmarse los nombres, podría abrirse un ciclo de crisis judicial y política que toque los cimientos de partidos, gobiernos regionales e incluso de la administración federal.
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