La aprobación del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales por parte del Congreso representa un paso importante en la búsqueda por reducir las trabas administrativas que por años han dificultado el desarrollo de inversiones en Chile. Con más de 400 permisos sectoriales —muchos de ellos duplicados, mal diseñados o descoordinados— nadie duda de que el sistema necesita modernización urgente. Sin embargo, reducir burocracia no es sinonimo automático de eficiencia ni de institucionalidad robusta.
El proyecto introduce medidas valiosas: plazos máximos, silencio administrativo, ventanilla única digital, uso de declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo, y principios de proporcionalidad. Según estimaciones oficales, esto podría reducir en 30% a 70% los tiempos de tramitación, con un efecto potencial de 2,4% en el PIB acumulado en la próxima década.
“La tensión entre agilidad y legitimidad no está bien resuelta. Al establecer controles ex ante con técnicas habilitantes alternativas, se arriesga aumentar la judicialización o erosionar la licencia social de los proyectos”.
Sin embargo, desde una mirada técnica y política, surgen al menos tres insuficiencias estructurales.
Primero, el proyecto no aborda las causas estructurales del problema. El verdadero cuello de botella no está solo en la normativa, sino en la limitada capacidad técnica del Estado: servicios sin suficiente personal calificado, plataformas no interoperables y decisiones descentralizadas sin coordinación central. Sin una reforma institucional que fortalezca los equipos evaluadores y actualice la arquitectura pública, la digitalización sera solo maquillaje.
Segundo, la iniciativa introduce una lógica de discrecionalidad que puede aumentar la incertidumbre en lugar de reducirla. La creación de un Comité de Resolución de Permisos, con fuerte componente político, podría debilitar la certeza jurídica que la inversión de largo plazo requiere. No se trata solo de rapidez: los inversionistas buscan estabilidad, reglas claras y procesos técnicos que resistan los vaivenes del ciclo político.
Tercero, la tensión entre agilidad y legitimidad no está bien resuelta. Al establecer controles ex ante mediante técnicas habilitantes alternativas, se corre el riesgo de aumentar la judicialización o erosionar la licencia social de los proyectos, afectando precisamente lo que se busca proteger: la inversión.
La experiencia internacional es clara: países como Canadá, Australia o Finlandia han logrado combinar estándares regulatorios exigentes con entornos favorables a la inversión, precisamente porque han apostado por procesos transparentes, técnicos y estables. La permisología eficiente no es la que va más rapido, sino la que es más inteligente.
Chile necesita inversión urgente. Para ello se requieren reglas claras, procesos confiables y decisiones basadas en evidencia. La permisología debe llevarnos a un rediseño estratégico del aparato público al servicio del desarrollo sostenible. De lo contrario, esta reforma corre el riesgo de reemplazar la tramitomanía por una nueva forma de incertidumbre institucional.
Lo que está en juego no es solo acelerar permisos, sino recuperar la capacidad del Estado para viabilizar inversiones de calidad, con legitimidad, oportunidad y previsibilidad. La verdadera competitividad país no se construye con atajos, sino con instituciones robustas y visión de futuro. Lo demás es apenas gestión del síntoma.
