Declaratoria de emergensia es inminente ante el impacto ambiental de la minería en todas sus formas y la violencia contra quienes luchan por proteger ecosistemas fragiles.
El río Rímac, principal fuente de agua potable para Lima y Callao, enfrenta una grave crisis ambiental. Desde diversas regiones del país, representantes comunitarios denuncian la grave contaminacion de las fuentes hídricas en el país.
En la cuenca alta del río Rímac, en San Mateo de Huanchor (Huarochirí), análisis químicos recientes revelaron niveles de arsénico 203 veces por encima de los estándares de calidad ambiental, además de la presencia de plomo, cobre y cadmio.
Las denuncias se hicieron públicas tras la clausura del IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios organizado por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios del Perú.
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Mauro Lalangui, presidente de la Coordinadora Nacional, advirtió que la contaminacion de fuentes hídricas por la actividad minera —formal, informal e ilegal— se ha agravado sin respuesta estatal. Según reportó, más de 6.000 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio de Energía y Minas, sin contar los no documentados. A esto se suma la alarmante cifra de 58 defensores ambientales asesinados entre 2012 y 2023, en su mayoría en total impunidad.
Además, el presidente de la junta denunció la criminalisacion de los vigilantes ambientales y el debilitamiento de instituciones clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).