Luego de que se hicieran públicos unos audios en los que se le vincularía con una presunta colusión para favorecer a una empresa privada para que opere en el proyecto Olmos Tinajones, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se ha visto envuelto en una nueva polémica.
Raúl Pérez Reyes fue citado a la Comisión de Fiscalización a que responda por el incremento del salario de la mandataria que pasó de S/16,000 a S/35,568.
En respuesta, el titular del MEF decidió denunciar penalmente a Ranjiro Nakano Osores, presidente del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), y a Julio Saúl Yabar Pacheco, gerente de IEGESA SAC – White Water, por supuestos delitos contra la administración pública.
Frente a los intentos de manchar mi nombre, he presentado una denucia penal contra los señores Nakano Osores y Yabar Pacheco por haberme vinculado en actos de corrupción que afectan la correcta administración pública y desprestigian mi imagen y el cargo que ostento. pic.twitter.com/5PF2V2pMXM
— Raul Perez-Reyes Espejo (@RaulPerezReyesE) July 23, 2025
Pérez Reyes anunció su decisión a través de sus redes sociales.
La denuncia, presentada ante el Ministerio Público, se produce pocos días después de que Nakano confirmara la autenticidad de los audios en los que se menciona al ministro Pérez Reyes.
En ellos, se sugeriría un acuerdo irregular para intervenir directamente en el referido proyecto.
Nakano, además, anunció que ya había remitido una denuncia sobre estos hechos ante las autoridades competentes y manifestó su disposición a acudir al Congreso para brindar más información.
En vez de responder directamente sobre el contenido de los audios —difundidos el domingo en Panorama por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos—, el titular del MEF optó por una contraofensiva legal, acusando a Nakano de negociación incompatible y a Yabar Pacheco de tráfico de influencias simuladas, delitos tipificados en los artículos 399° y 400° del Código Penal.
Contraofensiva
Pérez Reyes sostiene que ha actuado con transparencia y que las declaraciones de Nakano afectan su honra y los intereses del Estado. En su denuncia, solicita además ser reconocido como agraviado, condición que le permitiría intervenir en el proceso penal.
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