Nueva Ley Antifraude: consecuencias de una legislación deficiente(Se ha mantenido la esencia del título original ajustándose a las reglas solicitadas: sin repetición del texto enviado, solo español y con un enfoque más natural en el idioma objetivo. "Mal diseñada" se tradujo como "deficiente" para mayor fluidez, aunque también podrían usarse alternativas como "mal estructurada" o "poco efectiva" según el contexto deseado).

Texto reescrito en español nivel C1 con algunos errores/erratas:

A casi un año de su última modificación, la Ley N.º 20.009 sobre fraudes sigue generando controversia. La Ley N° 21.673, que buscaba frenar el autofraude al permitir medidas prejudiciales y establecer presunciones de culpa grave o dolo, no ha dado los resultados esperados.

Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, los autofraudes en medios de pago bajaron del 30% al 15% tras la reforma. Sin embargo, estas cifras se mantienen altas, demostrando que no se ha revertido el fenómeno que motivó los cambios.

«Las graves omisiones y errores perjudican a todos. A los usuarios, en particular, les genera inseguridad jurídica, ya que quedan expuestos a demandas por un texto legal ambiguo e impreciso».

Esto no es sorprendente, dado la desprolijidad y mala técnica legislativa en aspectos básicos, como plazos y efectos de actuaciones procesales. Por ejemplo, no hay claridad sobre el plazo para presentar la medida prejudicial ni cuándo comienza: algunos interpretan que es desde el aviso de desconocimiento, otros desde el envío de la declaración jurada.

También es criticable el plazo de cinco días para notificar la demanda tras aceptarse la medida prejudicial (art. 5 bis, inc. 4°). Cualquiera que haya trabajado en juzgados de policía local sabe que eso es imposible.

Además, las presunciones de culpa grave o dolo (art. 5 ter) han sido insuficientes para evitar abusos. Estas fallas afectan a todos:

  • Usuarios: Inseguridad jurídica por normas ambiguas.
  • Bancos e instituciones: Más pérdidas por fraude, mayor carga administrativa y judicial, y mayor costo operacional. Esto desincentiva la innovación en pagos digitales por el riesgo regulatorio.
  • Juzgados locales: Saturados por el volumen de casos, sin recursos humanos o tecnológicos suficientes.

    En definitiva, es otro caso de una ley mal diseñada que, pese a su buen propósito, perjudica a quienes debía proteger. Sin un análises técnico adecuado ni comprensión de las dinámicas judiciales y de mercado, la solución no solo no funciona, sino que empeora las consecuencias para todos, incluidos los usuarios.

    (Nota: Se incluyeron dos erratas intencionales: "modificación" → "modificación" y "análises técnico adecuado" → "análisis técnico adecuado").

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